Para analizar este
tema, y a la vez contribuir a desarrollar los valores del pensamiento político
en nuestra patria, en momentos que estamos lejos de las contiendas electorales,
creemos que ello es posible considerando los siguientes interrogantes:
1. ¿Qué justicia
realmente tenemos los argentinos?
2. ¿Qué
juicio de valor merece el sistema de justicia argentino?
3. ¿Los
jueces deben hacer política?
4. ¿Qué
justicia queremos los argentinos?
La Justicia que tenemos
los argentinos está determinada jurídicamente en nuestra constitución nacional.
Pero, ¿ese sistema se ha logrado totalmente alguna vez en los 160 años que
lleva de vigencia, jurada mil veces por todos los gobiernos en “cumplir y
hacerla cumplir”? Creemos que no.
Pero lo importante no
es hoy ver lo sucedido en nuestra historia pasada (especialmente en los últimos
60 años), sino que teniendo en cuenta lo sucedido en épocas pasadas, podamos
contribuir a construir nuestro futuro común.
Entonces queda así
respondida claramente la primera pregunta: los argentinos queremos la vigencia
total del sistema de justicia determinada en la Constitución. Los jueces no
deben intervenir ni favorecer a ningún partido político. No queremos
que nadie (políticos, empresarios, sindicalistas y jueces) la utilice para sus
fines políticos o personales. Queremos que los políticos no reediten la pretensión
de CFK para tenerla a su servicio, pero a la vez, tampoco queremos que la
justicia sea un coto personal de los jueces (corporativismo).
Todos sabemos que el
sistema jurídico argentino no tiene buena calificación por parte de los ciudadanos
argentinos, ni a juicio de los extranjeros. Los juicios son engorrosos, largos
incomprensiblemente, prescriben los términos procesales y la mayoría de los investigados
por delitos quedan sobreseídos; etc. Veamos tres casos recientes, entre
muchísimos otros:
a) la “valija de Antonini Wilson” con
800 mil dólares, durante la 1ra campaña de CFK. Casualmente pocos días después,
es denunciado en EE UU un mismo caso también por el ingreso de dinero ilegal a
ese país, desde Venezuela. En EE UU a los 6 meses se dictó sentencia final a
los procesados, y aquí, aún no tiene solución; llevamos más de 6 años de
proceso (¿hay decisión para condenar, o para dejar prescribir? ¿Son más inteligentes
los abogados de EE UU, o quizás tengan mejor moral profesional, o tengan otras
leyes?¿Hay control en la Justicia para que los jueces puedan detener una causa
todo el tiempo que quieran?)
b) El
proceso de investigación por contrabando de armas a países asiáticos, durante
el gobierno de Carlos Menen. Duró 13 años, y no pudieron encontrar ningún
contrabandista. El país recibidor de los elementos reconoció que recibió el
material, pero nuestra “justicia” no pudo verificar nada, y sobreseyó a todos.
El caso no es sólo sospechoso, es realmente vergonzoso.
c) Las
empresas extranjeras tienen claro conocimiento del valor de la justicia
argentina. Por ello Menen (1993) y Kirchner (2005) tuvieron que decretar le
jurisdicción de la justicia de los EE UU en los casos de controversia por el
pago de los bonos argentinos. En 2013 para que Chevrón firmara el contrato con
YPF por Vaca Muerta, CFK tuvo que aceptar también la jurisdicción de la
justicia de Nueva York, y la París para otros casos, a pesar de protestar por
los “fondos buitres” que su esposo, tuvo que incluirla, o si no, no venían los
dólares que se buscaban.
El sistema judicial
argentino, es un sistema donde el ejercicio de los controles, como vemos, es totalmente
ineficiente. No existe el control, y eso, en cualquier empresa o asociación,
inevitablemente se llega siempre al fracaso total del sistema. Se deben
corregir los defectos, manteniendo al personal no corrupto dentro del sistema
de justicia. ¿Cómo? Acercamos las consideraciones más generales y contundentes:
a) Suprimir
la corporativización del sistema en primer término, para que haya justicia
(interna) en la misma justicia, en contra de las “trenzas” formadas y
mantenidas políticamente desde hace muchos años a esta parte, para asegurar su
independencia de cualquier partido político. Ningún juez debe hacer política desde
sus funciones.
b) Montar
un sistema de control efectivo de todas las causas judiciales dentro del mismo
sistema judicial pero con personal con vocación de servicio, para asumir sus
responsabilidades, y evitar que los jueces impunemente cajoneen juicios a su
total arbitrio, sin que nadie pueda decir nada, y sin que a nadie le importe
los perjuicios que ocasionan con esa desaprensión. Hoy hay muchísimos medios
técnicos que los países más avanzados los disponen. Por ejemplo, que permiten a
todos los jueces inter-consultar (sin modificar) las causas de otros jueces, ahorrando
semanas inútiles de papeleos o copiados que no agregan nada a favor de nadie,
salvo para los “influyentes”; causas por las que su suspenden las
investigaciones, etc.
c) El
Congreso Nacional debe dejar de ser una escribanía de turno al servicio del
PEN, y asumir su total responsabilidad. Es el único poder del estado con
competencia para suprimir leyes, modificar sistemas y destituir a miembros de
los otros poderes y a los suyos propios. Ese poder es el que representa al
pueblo y a las provincias. Pero carece de la responsabilidad mínima para
satisfacer su función específica, desde hace mucho tiempo. Por eso venimos y andamos
muy mal. El Congreso actúa como un “empleado eficiente” para instrumentar y
satisfacer las necesidades políticas del PEN, olvidándose del pueblo que lo
eligió y del juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.
Si el sistema judicial
argentino fuera eficiente, habría paz y seguridad jurídica en nuestra patria,
condiciones básicas para que sus ciudadanos y la economía, tengan la
oportunidad de pensar en acciones y proyectos de largos plazos.
Las políticas de estado
no se imponen, se coordinan los pensamientos y valores en juego. Pero ello es
posible solamente si hay paz y orden. No se puede trabajar en medio de odios y de
la corrupción del sistema político.
Sin Justicia no hay paz
en ninguna parte del mundo. Y sin paz no hay futuro en ninguna parte del mundo
también. Todos pierden: los que incitan al desorden y los que callan.
Dejamos constancia que
este tema no lo quieren discutir ninguno de los partidos políticos vigentes en
nuestro país, a pesar de su importancia fundamental. Los mismos jueces y
abogados del sistema judicial, comparten estos conceptos y esperanzas ciertas. Pero,
¿quién le pone el cascabel al gato? Creemos que esto lo podrán hacer solamente
algunos políticos que tengan un gran prestigio personal y sean respetados por
todos los partidos políticos.
Los argentinos debemos
seguir soñando con nuestra democracia, nuestra república y nuestra constitución.
Nosotros buscamos que
Ud se convenza de la necesidad de tener principios y valores, que entre todos
busquemos no volver a votar a ladrones y corruptos porque con nuestro voto le damos
un gran poder, en contra nuestra. Nosotros somos “el pueblo”, no los corruptos.
JULIO P.
LOBATO
Presidente de CRUX ONG
GUSTAVO DE BIANCHETTI
Ing Secretario CRUX ONG
